El pleno de la Asamblea Nacional aprobó el martes 7 de abril de 2020 en tercer y último debate el Proyecto de Ley N° 287 , que establece medidas económicas y financieras para contrarrestar lo efectos del COVID-19 en la República de Panamá y dicta otras disposiciones.
Entre los principales beneficiados están los panameños que han visto disminuido sus ingresos o que hayan cesado sus contratos laborales, los trabajadores independientes, así como aquellas pequeñas y medianas empresas que se han visto en la obligación de cerrar sus negocios, las cuales tendrán un periodo de gracia de 90 días en el pago de sus compromisos económicos con bancos y financieras.
La norma incluye préstamos prendarios, hipotecarios, tarjetas de crédito, préstamos personales y del transporte.
Las personas que durante la declaratoria de emergencia sanitaria continúan recibiendo un salario fijo o ingreso regulares producto de se actividad comercial no podrán acogerse a la futura ley.
Al margen de la valoración crítica y cuestionable que se ha tenido habitualmente de la Asamblea Nacional (AN), hay que traer al escenario de la actual crisis, que este órgano del estado acaba de aprobar en los últimos días dos importantes proyectos de ley (281, 287 y 295) que ayudarían en algo a decenas de miles de personas que se han visto muy afectadas económicamente por la pandemia del coronavirus, ya sea porque han perdido sus empleos o hayan dejado de percibir sus ingresos debido a que las empresas de las que dependían (pequeñas, mediana o grandes) han paralizado su actividad.
El Proyecto de Ley 295, aprobado en tercer debate de la AN el pasado 31 de marzo, se refiere a la suspensión de pagos de servicios públicos como luz, agua y telefonía. El Proyecto de Ley 287, que aprobaron el martes 7 de abril, se refiere a la moratoria en el pago de compromisos hipotecarios, préstamos personales y comerciales, pago de alquileres comerciales y habitacionales, control de precios en productos de limpieza y medicamentos, etc.
Ambos Proyectos de Ley, debidamente aprobados por la Asamblea Nacional de Diputados esperan la firma del presidente de la república Laurentino Cortizo para convertirse en leyes vigentes. Sin embargo, por presión de los sectores empresariales y los grandes capitalistas, el presidente está dilatando una decisión que debió ser de urgencia notoria para apoyar a las personas más afectadas y necesitadas en esta crisis.
La imagén habla por si sola..
El gobierno del PRD-MOLIRENA-Cortizo duda en ratificar estas leyes porque los gremios empresariales se han opuesto a perder sus privilegios y ganancias. Esos gremios, como el CONEP y la Asociación Bancaria Nacional dicen que ellos sólo quieren del gobierno recomendaciones y que ellos se “autorregulan”, sin embargo, siempre lo hacen en su beneficio y contra trabajadoras, trabajadores, personas independientes y de la micro y pequeña empresa.
Exigimos del presidente Laurentino Cortizo que, así como favoreció de manera inmediata a los bancos permitiendo el uso de los fondos de reserva, por B/. 1,252 millones, a la vez que se les dio una moratoria en pago de impuestos, ahora actúe en consecuencia con quienes dependen de sus salarios, son cuentapropistas o sobreviven a través de una microempresa.
Así mismo exigimos elevar el monto del bono solidario de B/. 80.00 mensuales por familia a B/. 300.00 que es el equivalente al costo de la Canasta Básica de Alimentos según el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿De dónde pueden salir los recursos para pagarlo? Salen de la suspensión del pago de la deuda pública de este año, equivalente a B/. 3,000 millones. De ese recurso salen 10 millones de salarios de B/.300.00 suficientes para sostener a un millón de familias de cuatro miembros por el resto del año.
Presidente Cortizo: ¿Qué está esperando? ¡Estampe ya su firma en los proyectos de ley 281, 287 y 295!
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